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¿Cuáles secuestrados?
 

La liberación de un solo secuestrado alegra, y hay que agradecer a los que ayudaron a que las FARC soltaran algunas de las personas en su poder. Pero este espectáculo periódico es inquietante. Ni los secuestrados ni sus familias pueden esperar la libertad gota a gota impuesta por la guerrilla ni confiar tranquilos en el rescate incierto de la fuerza pública.

Las FARC quieren usar a los rehenes para lograr objetivos políticos, como una zona de despeje, o el reconocimiento de beligerancia o simplemente hacer ver al gobierno, sobre todo ante la opinión internacional, como extremista, intolerante o imprudente.

Para ello las FARC tratan de reducir el tema del secuestro a los miembros de la fuerza pública, tratando de que se olvide la existencia de secuestrados civiles. Saben que al retener policías o soldados violan las leyes colombianas, pero que al secuestrar civiles violan también las normas del derecho internacional humanitario y de cualquier ética política. Secuestrar civiles no es “un error” de la guerrilla sino su crimen más grave, el que ha hecho que desde hace más de 10 o 15 años haya perdido todo apoyo significativo en la opinión internacional, y el que la convierte en un grupo tan despreciable como los que, para enfrentarla, asesinaron y desaparecieron a miles de colombianos.

El esfuerzo de las FARC tiene algo de éxito, y el gobierno, la prensa, la opinión, los grupos sociales hablan de los “canjeables”, mientras olvidan a los demás. Ya ni siquiera se sabe cuántos son: desde hace tres años se dice que 700, en un dato rutinario y dudoso: de ellos, más de 600 habrían estado secuestrados más de cinco años, y no es creíble que personas sin significación política hayan durado vivas ese tiempo en manos de la guerrilla. No tienen rostro y casi ni nombre, cuando cada secuestrado debería tener su cara y su historia humana en las páginas de las entidades que los defienden.

Los colombianos deben insistir en que la única condición inmodificable para que el gobierno negocie con las FARC es la libertad previa de todos los civiles secuestrados. Este  es el mayor escándalo de Colombia y negociar con las FARC su libertad es, para el Estado, legitimar un tráfico perverso e inhumano.

Desafortunadamente, las reacciones del gobierno ante las gestiones para que las FARC liberen secuestrados no parecen responder a una estrategia sólida. El gobierno espera que la exitosa presión militar conduzca a la liberación de los secuestrados. Por supuesto, a la larga será así, pero muchos secuestrados nunca verán la libertad, pues no pueden esperar año tras año hasta la derrota, inevitable pero sin fecha fija, de las FARC. El gobierno no puede rechazar ni ver con malos ojos que la guerrilla suelte dos o tres personas cada seis meses, pero el proceso, y el uso que las FARC hacen de él, le producen una irritación y una furia que no puede esconder, y que dirige sobre todo contra quienes ayudan a liberar algunas personas.

Sin duda, el gobierno debe evitar caer en trampas preparadas por las FARC, pero lo que ha hecho es darle gusto a las FARC, con sus acusaciones contra intelectuales y periodistas a los que tacha de ser cómplices del terrorismo, que muestran una intolerancia y una torpeza irresponsable que sin duda disfrutan los hombres de la guerrilla. Pero si el gobierno define y expresa con claridad una política consistente –si  da siempre las condiciones razonables para la entrega de secuestrados y reitera que está dispuesto a comenzar un proceso de negociaciones amplias con las FARC, pero solo si estas liberan antes a todos los civiles, sin hacer ofertas innecesarias ni poner otras condiciones previas para conversar- las FARC pueden encontrar que no vale la pena seguir jugando a la liberación por goteo y que es el momento de replantear su estrategia de guerra y violencia contra la sociedad.

Jorge Orlando Melo

Publicada en El Tiempo, 19 de febrero de 2009

 
 

 

 

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